A finales del ejercicio financiero, el importe de los compromisos adquiridos alcanzó los 221,570 millones de euros. Por lo tanto, el saldo de ejecución muestra un superávit de 15,716 millones de euros.
El capital circulante bruto al cierre del ejercicio de 2017 se eleva a 37,019 millones de euros contra 24,496 en 2016, lo que representa un aumento de 12,523 millones de euros. Se ha alcanzado el objetivo de consolidación progresiva del capital circulante neto (tras la reasignación de los aplazamientos a BR1) al nivel prudencial de 30 días de funcionamiento. Este aumento es el resultado del traspaso del centro de Arue (por 4,5 millones de euros), cuyas ganancias excepcionales se utilizarán para cubrir las operaciones de inversión del próximo plan plurianual de estrategia inmobiliaria (SPSI). También se debe al deslizamiento del calendario de operaciones de inversión, cuya realización efectiva se completará en 2018. Esta recuperación de los márgenes financieros permitirá apoyar los planes de inversión plurianuales futuros en el ámbito científico, pero también en los bienes inmobiliarios y la informática en el periodo 2018-2021.
Las salidas de caja contabilizadas durante el ejercicio de 2017 alcanzan los 220,706 millones de euros (órdenes de pago) frente a las entradas de caja que representan 233,615 millones de euros (valores emitidos). Teniendo en cuenta los ingresos y gastos calculados, la cuenta de resultados de 2017 registra un superávit de 12,139 millones de euros.
El volumen financiero de los contratos de investigación firmados en 2017 se incrementó en un 13 % con respecto a 2016. Este aumento considerable refleja los esfuerzos de la institución por consolidar sus recursos propios.
La subvención por cuenta del servicio público (SCSP) se eleva a 205,810 millones de euros frente a 201,890 en el periodo pasado, lo que representa un aumento de 3,920 millones de euros. Este incremento abarca las nuevas medidas salariales (aumento de los puntos de índice, implementación de los regímenes de remuneración PPCR y RFSEEP) por un importe estimado de 3,409 millones de euros. También incluye los recursos para el apoyo a los buques de alta mar como SCSP en concepto de TGIR, que también están en aumento. En un contexto de recuperación de las cuentas públicas, este aumento demuestra que la investigación pública continúa siendo una prioridad nacional, y es una prueba de la confianza en el IRD, y en sus equipos, como operador en este ámbito.
Los márgenes de maniobra obtenidos por este medio se ven reforzados por una política de racionalización de los gastos de apoyo (alquileres, contratos de servicio, etc.), que fueron reasignados a la investigación.
Iniciada en 2015, la trayectoria hacia el afianzamiento de los recursos asignados a las unidades de investigación sigue su curso. Estos han progresado de 632 000 euros, es decir, un 4,65 % más en comparación con 2016. En la programación de 2017, este aumento se traduce por un incremento en las asignaciones básicas de las unidades, con el objetivo de neutralizar el alza observada en los gastos de alojamiento, los créditos para el apoyo de plataformas de tipo observatorio y aquellos destinados a las misiones a largo plazo.
Se han realizado esfuerzos constantes por las infraestructuras científicas. El Instituto participa en la financiación de 9 proyectos por compromisos que suman un total de 2,139 millones de euros. El año 2016 marcó el inicio de dos operaciones en las que el IRD toma parte en el marco del tramo CPER 2015-2020.
Para poner en marcha la importante reforma de modernización que busca reestructurar sustancialmente el marco general de gestión del presupuesto y contabilidad del Estado francés y de sus operadores (decreto GBCP), el IRD ha optado por la solución SIFAC de la Agencia de Mutualización de las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación (AMUE).
Esta elección, pionera entre las instituciones públicas de carácter científico y tecnológico (EPST), presenta dos ventajas: por una parte, económica, con una reducción de los costes de inversión y de funcionamiento y, por otra parte, funcional, con la simplificación de la gestión de las unidades a través de una herramienta común, compartida con universidades asociadas.
Con el apoyo activo de la AMUE, se formó un equipo dedicado al proyecto, que reúne las habilidades de la Dirección de Finanzas (DF), de la Dirección para el Desarrollo de Usos Digitales Innovadores (DDUNI), de la Agencia de Contabilidad Principal (ACP), del Departamento de Recursos Humanos así como de las delegaciones regionales. Cerca de 40 agentes participaron directamente en las fases críticas del proyecto como parte de un equipo piloto bien consolidado.
Para poner en marcha de SIFAC también fue necesario llevar a cabo una campaña de formación como no se había visto en el Instituto en la última década: se capacitó a más de 300 agentes. Esta etapa constituye una base importante del proceso de simplificación, que nos permitirá ofrecer mayor flexibilidad y eficacia a las actividades del Instituto en general y de investigación en particular. Está en línea con la dinámica de modernización en la que se ha embarcado el Instituto para responder y contribuir a la consecución de sus nuevas orientaciones estratégicas.
En el marco del proyecto, se implementó una nueva solución de toma de decisiones, más ergonómica y completa. Se desplegó en el sector presupuestario en 2018 para facilitar la apropiación de la herramienta SIFAC y de la nueva contabilidad presupuestaria, derivada del decreto GCBP, por todos los responsables de presupuestos así como sus recursos de apoyo.